Gabriel Castillo-Herrera

Por Gabriel Castillo-Herrera. Resultan curiosas, por decir lo menos, las declaraciones de la encargada de la agencia norteamericana del combate a las drogas (DEA) expresadas en Cancún, Q.R., durante la inauguración de los trabajos de la 28 Conferencia Internacional contra las Drogas, en el sentido de que en el territorio al norte del Río Bravo los enervantes son distribuidos por personajes de los carteles mexicanos. “Curiosas”, escribí; pero el adjetivo ad hoc resultaría ser “cínicas”. La señora Michele Leonhart se engaña o pretende engañar incautos –o cómplices- para justificar la escalada injerencista del gobierno de su país en el nuestro con miras, según quien esto escribe, a la afganistación de México (para lo que cuentan con su Pervez Calderón). De ser como ella sugiere –aunque hay una larga historia que demuestra que gracias a negocios ilícitos, como era el alcohol, el juego y como son las drogas, se levantaron emporios como las Vegas, manejados por la Mafia en contubernio con altos personajes del espectáculo y de la política de ese país: gente “decente” pues- la primera incógnita que surgiría sería: ¿qué hace la agencia bajo la dirección de la Leonhart en México? La segunda: ¿qué hace el ejército mexicano en las calles, además de asesinar civiles? Tercera: ¿para qué se comprometió el presidente mexicano -elegido en tribunales- a proteger a los agentes norteamericanos que operan en nuestro país, lo cual –dicho sea de paso- es una medida anticonstitucional? Se me ocurre responder a las tres preguntas de la siguiente forma. Primero: la DEA debiera combatir a los narcos allá, donde dice que operan. Dos: desatar una guerra, apoyándose con su ejército en las calles, afrontando el costo de los “daños colaterales” (muertes de civiles) y más de 30 mil norteamericanos muertos (que, por cierto, es un promedio de las víctimas “normales” de la violencia y el alcohol, no asociada a las drogas “duras”, en ese país). Tres: que agentes mexicanos operen libremente y protegidos por autoridades norteamericanas para descubrir los nexos existentes entre los narcos y otros sectores como la política y las finanzas. Ironías aparte, suena absurdo. Pues así de absurdo (el gobierno de Obama se derrumbaría en tres días) es que el gobierno mexicano continúe aceptando la imposición de medidas para combatir a los narcotraficantes (cabe decir, selectivamente) desde el extranjero mientras que desde el extranjero se les facilita a los capos el armamento para guerrear contra el ejército mexicano. Y ahí estaba muy ufano García Luna (el mexicano encargado del combate a la delincuencia organizada) recibiendo elogios de la gringuita. La historia del conservadurismo en México se repite: quienes nada se sienten ni son si no es con el reconocimiento del personaje o gobierno extranjero; candidatos idóneos para el terapeuta o el psiquiatra; lo malo es que no se trata de asuntos de personalidad de índole particular, sino de que son los que gobiernan a México. Y acá viene lo más preocupante: la visión -no sólo de la encargada de la DEA, sino de múltiples instancias de poder- neoconservadora en los Estados Unidos, está sugiriendo que el narco en México tiene ligas con el terrorismo (aunque jamás se ha dicho a quién o quienes consideran “terroristas”). Según la experiencia de los últimos años, “terrorista” para los gringos puede ser cualquiera que se oponga ideológicamente a sus formas de controlar el mundo. Los talibanes de las barras y las estrellas “talibanizan” a quien no esté de acuerdo con ellos o al país de donde puedan extraer –al costo que sea- lo que es más preciado para esta nación oleófaga: reservas petroleras. Y México las tiene.