MÉXICO: LA FINCA DEL PASADO.
Por: Gabriel Castillo-Herrera.
La tesis de la que parte mi libro “Bicentenario: Obsesivos Siglos Circulares” es que México es un país anclado en el pasado. Un país cuyas clases poderosas hallan la justificación de eso que llaman “modernidad” en la añoranza por los tiempos idos y la necedad de volver al ayer; se empeñan en vencer a Cronos.
A la luz de ciertas reformas constitucionales -planteadas recientemente e impulsadas por los diputados y senadores de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), actualmente y desde algo más de 10 años, en el gobierno, y Revolucionario Institucional (PRI), que fue gobierno alrededor de 70 años- y de dos actos, en apariencia sin importancia, de la administración calderoniana, el lector juzgará la validez de tal tesis.
Las referidas reformas atañen a lo laboral, lo político (o de Estado) y a lo concerniente a la seguridad; los hechos: la visita del jefe de Estado mexicano al Vaticano (con motivo de la canonización del extinto papa Juan Pablo II) y la formación de la Alianza del Pacífico (con Perú, Colombia y Chile).
Acicalemos el párrafo anterior.
México es un país que ha librado tres revoluciones contra ese afán de permanecer atado a lo caduco, a lo obsoleto: la Revolución de Independencia, la de Ayutla y la de 1910. Sus secuelas, promulgación de leyes progresistas contenidas en las constituciones políticas de 1824, 1857 y 1917. El sentido lógico de la palabra “reforma” nos remitiría a la idea de adaptar las leyes a los requerimientos y necesidades de la época, a las actuales. Sin embargo, en México, como referí en alguna parte del texto aludido: “¡Por aquí no pasa la Historia, señores!”. Desde luego, en el entendido de que la Historia no es un recuento de hechos pasados, sino el Hoy (así, con mayúscula) en su concreción dialéctica: el pasado que avala, explica y reconstruye el cada día. Vamos, en tal tenor, por partes:
LA REFORMA LABORAL.
El Artículo 123 emanado del constituyente de 1917 recoge las demandas laborales más significativas heredadas del pensamiento socialista y-de otra parte- nacionalista, puesto que los trabajadores mexicanos sufrían la voracidad de empresarios extranjeros ya que la industria y la minería estaban en poder éstos; los “empresarios” mexicanos eran propiamente latifundistas (a excepción del norte del país, por su contacto con los Estados Unidos). Hoy, la reforma pri-panista pretende liquidar los logros inscritos en la Constitución (jornada de ocho horas, contratación colectiva, derecho a jubilación, etc.) para suplirlas por contratación individual a prueba (misma que puede extenderse por un tiempo determinado al final del cual el trabajador puede ser despedido sin generar derechos de ninguna clase), pago de jornada por hora a precios ridículos y anulación de prestaciones sociales varias (entre ellas, derecho a servicios médicos). Todo ello, en aras –suponen- de la “competitividad”. ¿Competir a qué y con quién? Competir a ver qué país genera más pobreza y el rival a vencer -en el área- sería Haití, mientras que los señores del dinero se ahorran millonadas. Se pretende importar modelos de desarrollo con los que se levantaron naciones que hoy día son imperios; parecería correcto, sin embargo, se intenta hacerlo a destiempo (siglos después) y sin considerar que México, ¡desde la Colonia!, arrastra a una gran parte de su población que repta entre la ignorancia, la miseria, la enfermedad y la muerte en vida, lo que no ocurrió con el “modelito” a seguir –el gringo- porque los inmigrantes que forjaron esa nación anglosajona simplemente exterminaron a los dueños originales de esas tierras (pobres y poco desarrollados) y le arrebataron a nuestra nación territorios prósperos cuya densidad de población era baja y donde no hubo grandes culturas indígenas derrotadas que alimentaran el ejército de la miseria.
Tercos, obcecados, los promotores de las reformas que creen encontrar en un modelo que fue creado en un país nacido hace más de dos siglos y bautizado ya en la pila del librecambismo y arropado con las relaciones de producción capitalistas que le legó su padrino –Inglaterra- una senda para el progreso, cuando que México arribó a tal modo de producción tardíamente y por otra senda muy distinta –la economía dirigida desde el Estado- que le permitió, medianamente, su autodeterminación, alcanzar tazas de crecimiento del 6% y una buena cobertura de bienestar social, derivada de conquistas laborales que, hoy, la iniciativa de reforma pretende derogar. ¿No es eso caminar, correr, hacia el pasado? Y, peor, ajeno.
De forma tan marrullera como pretendía ser aprobada, hoy se encuentra detenida en prevención de que constituya un elemento adverso para las aspiraciones del PRI de retener el poder en el Estado de México al renovarse, en este año, la gubernatura de esa provincia o departamento (como se nombra en otros lares) y para no crearse obstáculos para el año 2012, año en el cual dicho partido político pretende llevar a la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, benjamín de la familia que ha gobernado durante 40 años –y se ha enriquecido con ello- el Estado de México. El proyecto de reforma de ley fue diseñado, inicialmente, en el seno del PAN; específicamente por el secretario –ministro- del trabajo Javier Lozano, quien –por cierto- se ha autonombrado como el mejor hombre de su partido para ocupar la presidencia el próximo año (desde el triunfo de Vicente Fox y con el relevo calderoniano, cualquier bravucón ignorante se cree que tiene los tamaños para ser presidente). El proyecto, modificado; fue retomado por el PRI; pero, como arriba se dijo, se encuentra detenido –supuestamente- por desacuerdos con el sector obrero del partido; (aunque el movimiento obrero se encuentra controlado por las cúpulas empresariales insertas en los dos partidos –PRI y PAN- y en el mismo seno del gobierno) Mientras, este primero de mayo, en el mundo miles de manifestaciones alzaron su voz en demanda de mejoras salariales. A los economistas gubernamentales no les pasa por las mientes que con sus medidas de restricción salarial y, en sí, del trabajo, aunque creciera la producción bajo un régimen de sobreexplotación de la fuerza de trabajo –lo cual es sólo hipotético- se desalienta el mercado interno. ¿A qué le apuestan? Adelante lo diremos.
REFORMA POLÍTICA.
Dos instituciones vetustas nos legaron a los mexicanos, por doble vía, la idea de la concentración del poder político en unas manos, las de un solo hombre. Por el lado indígena, la figura del huey tlatoani; por el español, la del emperador en cuyos dominios no se ponía nunca el Sol. La primera pugna después de la consumación de la independencia se sostuvo entre imperialistas y republicanos. El triunfo de estos últimos sobre los iturbidistas no obstó para que a través de la historia se sepultara la “tradición” de que hubiera “hombres fuertes” que retuvieran el poder político. Durante el siglo XX, se llevaron a cabo vacilantes e insuficientes reformas para acotar el Poder Ejecutivo y equilibrarlo al Legislativo (y, pretendidamente, al judicial) para acabar con lo que ha dado en llamarse “presidencialismo” o “régimen presidencialista”. Con el ascenso de la izquierda y toma de posiciones en las cámaras, a partir de los años 90, el poder omnímodo del presidente se vio disminuido; sin embargo, no como debiera ser en un régimen de tres poderes.
Lo que pretende la referida reforma –también detenida, por el momento, en tanto pasa el proceso electoral en el Estado de México, como mencionamos- es, en resumen, volver la cara hacia el pasado: dotar al presidente de poderes por encima del Legislativo. Echar la Historia atrás.
REFORMA DE SEGURIDAD NACIONAL.
Con el pretexto de insistir en la fallida lucha con el narco, esta propuesta pretende legalizar la presencia en las calles del ejército y la marina para –supuestamente- garantizar la paz social. Sólo que deja entrever que para sus promotores priístas y el actual gobierno panista (y, desde luego, para los Estados Unidos) los movimientos sociales, inconformes o adversos al statu quo, podrían ser considerados instigadores de la violencia, potenciales enemigos del sistema.
[N.B.: Innumerables veces hemos escrito que el principal instigador de la violencia es el hambre, y el segundo, la pobreza; ninguno de los dos está en las prioridades gubernamentales de Calderón y su séquito de economistas made in Chicago, el ITAM y el Banco de México].
En la coyuntura de la 2ª Guerra Mundial, y para combatir una posible infiltración fascista en México, en el Código Penal de la Federación se tipificó un delito llamado “disolución social”. Al final de la conflagración al gobierno en turno y a los subsecuentes se les “olvidó” derogar los artículos 145 y 145 bis consignados en el Código, situación que derivó en que –no existiendo ya la amenaza de infiltración fascista- fuera el aval para aplastar violentamente cualquier tipo de movilización social; sobre todo, para mantener a raya inconformidades laborales, estudiantiles y, desde luego, al Partido Comunista, a pesar de que este fue el más innocuo de los PC’s en Latinoamérica. Por tanto, no es difícil atribuir al Washington macartista de post guerra y a la paranoia desatada por la Revolución Cubana la presión sobre el gobierno de México para que se omitiera derogar una ley de emergencia coyuntural una vez que ésta cesó al ser derrotadas las potencias del Eje Berlín, Roma, Tokio.
Bajo el imperio de esta ley ominosa se encarceló –en los años 1958 y 1959- a líderes magisteriales y obreros; a los campesinos simplemente se les asesinó; y en 1968 la ley se ocupó de los estudiantiles. Una de las consignas lanzadas durante el Movimiento Estudiantil del 68, inserta en el pliego petitorio presentado al gobierno era la libertad de los presos políticos –que lo eran en función de esa ley- y la derogación de la misma. El conflicto culminó con la masacre de la Plaza de Tlatelolco; pero el gran triunfo póstumo, digamos, del movimiento fue la desaparición en el Código Civil de los artículos citados. No es poco: se quitó al Estado la facultad de reprimir al pueblo amparado en la ley.
No es lo mismo –desde un punto de vista teórico- que un Estado ejerza la fuerza sobre el pueblo o un sector de la sociedad amparado en las leyes -porque ello medianamente lo justifica, ahí adquiere validez la Razón de Estado- que el Estado que lo hace sin el amparo de las leyes; éste simplemente carece de solvencia moral, legal y política; no halla de dónde asirse para sostenerse más que de los militares.
Es por ello que la dictadura –dije bien- calderoniana y la que, pretende, le sucederá (Peña Nieto o, en extremo, él mismo, si obtiene la venia de Salinas de Gortari y los EU’s), busca un aval; una reforma que justifique el detener al costo que sea la oposición política y social que pudiera, potencialmente, alcanzar la Presidencia de la República en el 2012. Con tan poca imaginación como la que le caracteriza, busca en el pasado; ahí se siente a gusto; no sabe más. Dar soporte a una “democracia” muy a lo clásico (igualdad para una clase privilegiada y someter a las mayorías a la esclavitud -como en la vieja Grecia- a punta de garrotazos).
LA VISITA AL VATICANO.
Mientras que en Francia, en 1789, se derrotaba a los viejos poderes (la monarquía, los terratenientes, el clero), en México, en 1821, estas instancias se elevaban como vencedoras (aunque el imperio iturbidista fue fugaz). No fue sino hasta el periodo de la Reforma y la promulgación de la Constitución de 1857 que se limitó el poder clerical, se le confiscaron tierras y se instauró un Estado laico. Maximiliano de Habsburgo, a desdoro del clero mexicano y de los conservadores, confirmó las Leyes de Reforma, mediante las cuales el Estado juarista expropió a la clerecía. Después de la dictadura de poco más d 30 años ejercida por Porfirio Díaz, la revolución triunfante en su mandamiento federal vuelve a proclamar el Estado laico. Pocos años después se suscitó una guerra entre el clero y el gobierno a la que se denominó “Guerra Cristera” atizada por la jerarquía ensotanada y entre cuyas secuelas se encuentra el asesinato del presidente electo (para un segundo periodo) Álvaro Obregón a manos de la hueste católica. Otra secuela es que un sector de estos grupos católicos alimentó una de las corrientes más conservadoras y fanáticas recalcitrantes del actual partido en el gobierno –el PAN, al que pertenece Felipe Calderón- que hoy se conoce como El Yunque.
Pues bien, el hoy beato Juan Pablo II era un hombre que no ignoraba la historia de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado en México. Así que una de sus tareas, aparte de incidir ideológicamente en la lucha contra el comunismo en Europa, era dar fuerza al clero mexicano frente a un Estado laico con el cual no se tenían relaciones diplomáticas. Por ello México se encuentra entre los países más visitados por el fenecido papa: 5 visitas: para abrir brecha.
En la Constitución mexicana prevalece –de jure- la separación entre Iglesia y Estado; pero –de facto- el purpurato mexicano se inmiscuye en política y entra en polémica con representantes gubernamentales de la capital del país –desde hace algunos años dirigida por la izquierda-, lo cual no les está permitido por la legislación mexicana.
Así que Calderón, con su visita al Estado Vaticano, parece continuar la labor interrumpida del hoy canonizado Juan Pablo II: echar abajo el Estado laico y sustituirlo por uno confesional. Sepultar la Reforma y la Constitución de 1917. Ir para atrás en la historia. Parecería anecdótico, pero no lo es: su cercanía con uno de los representantes del Yunque más notorios –Luis Felipe Bravo Mena, quien hasta hace poco fue su secretario particular, embajador de su administración en el Vaticano y personaje central del PAN- lo confirma.
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El nuevo bloque se inscribe en la línea del libre mercado cuando el neoliberalismo va de picada (recordar que el gobierno de Obama ha tenido que intervenir bancos como el Citibank para salvarlo de la debacle, lo que ha provocado el disgusto de los sectores ultraconservadores, mismos que le han endilgado al mandatario norteamericano el epíteto de “socializante”). También, la novel alianza se manifiesta como impulsora de la propiedad privada –prioritariamente, de la de los señores capitalistas extranjeros- puesto que las principales entidades económicas mexicanas que pertenecían al Estado (banca, telecomunicaciones, minas, ingenios azucareros y –hoy, a pesar de que las leyes lo prohíben- el petróleo y la electricidad se han ido entregando al capital privado subrepticiamente mediante legislaciones que contravienen la Carta Magna. Dependencia, y –más aún- obediencia y sojuzgamiento al poderoso imperio del norte; tal como antaño respecto a España y, posteriormente, a Francia. El amo del norte instruye oponer la Alianza del Pacífico (una caricatura de la OTAN, sólo en nomenclatura, porque no es alianza militar, para ello están disponibles las del patrón) al Mercosur para congraciarse con la divinidad oscura de Hillary, Obama y los poderes económico militares a quienes estos últimos deben sus cargos.
Correr en busca del ayer es el sino de las clases pudientes mexicanas. No deja de ser sintomático que la televisora más poderosa del país haya desarrollado superproducciones para transmitir tanto la beatificación de Juan Pablo II como la “boda del siglo” entre un principito inglés y una plebeya; contagiar al pueblo mexicano su estúpida devoción por dos instituciones decadentes ya en franca obsolescencia: la monarquía y la iglesia católica.
En México, peyorativamente, se les llama “gatos” a los sirvientes. “Gatos” criollos deseosos de adquirir prestigio -¿pedigrí?- a base de ronronear a los pies del amo.
En los primeros párrafos indicamos que diríamos cuál es la apuesta de estos “gatos” afincados en el pasado: ponen todo su capital político y económico a convertir la sociedad mexicana a una similar a la colonial: una selecta elite, que retenga privilegios económicos y lujos, que sólo obedece a un soberano extranjero y a la santa iglesia, aunque la mayoría de la población repte en la miseria, a la que enfrentarán haciendo gala de su santa misericordia de buenos limosneros –para aliviar su conciencia- y así alcanzar el camino hacia la Gloria.
La tesis de la que parte mi libro “Bicentenario: Obsesivos Siglos Circulares” es que México es un país anclado en el pasado. Un país cuyas clases poderosas hallan la justificación de eso que llaman “modernidad” en la añoranza por los tiempos idos y la necedad de volver al ayer; se empeñan en vencer a Cronos.
A la luz de ciertas reformas constitucionales -planteadas recientemente e impulsadas por los diputados y senadores de los partidos políticos Acción Nacional (PAN), actualmente y desde algo más de 10 años, en el gobierno, y Revolucionario Institucional (PRI), que fue gobierno alrededor de 70 años- y de dos actos, en apariencia sin importancia, de la administración calderoniana, el lector juzgará la validez de tal tesis.
Las referidas reformas atañen a lo laboral, lo político (o de Estado) y a lo concerniente a la seguridad; los hechos: la visita del jefe de Estado mexicano al Vaticano (con motivo de la canonización del extinto papa Juan Pablo II) y la formación de la Alianza del Pacífico (con Perú, Colombia y Chile).
Acicalemos el párrafo anterior.
México es un país que ha librado tres revoluciones contra ese afán de permanecer atado a lo caduco, a lo obsoleto: la Revolución de Independencia, la de Ayutla y la de 1910. Sus secuelas, promulgación de leyes progresistas contenidas en las constituciones políticas de 1824, 1857 y 1917. El sentido lógico de la palabra “reforma” nos remitiría a la idea de adaptar las leyes a los requerimientos y necesidades de la época, a las actuales. Sin embargo, en México, como referí en alguna parte del texto aludido: “¡Por aquí no pasa la Historia, señores!”. Desde luego, en el entendido de que la Historia no es un recuento de hechos pasados, sino el Hoy (así, con mayúscula) en su concreción dialéctica: el pasado que avala, explica y reconstruye el cada día. Vamos, en tal tenor, por partes:
LA REFORMA LABORAL.
El Artículo 123 emanado del constituyente de 1917 recoge las demandas laborales más significativas heredadas del pensamiento socialista y-de otra parte- nacionalista, puesto que los trabajadores mexicanos sufrían la voracidad de empresarios extranjeros ya que la industria y la minería estaban en poder éstos; los “empresarios” mexicanos eran propiamente latifundistas (a excepción del norte del país, por su contacto con los Estados Unidos). Hoy, la reforma pri-panista pretende liquidar los logros inscritos en la Constitución (jornada de ocho horas, contratación colectiva, derecho a jubilación, etc.) para suplirlas por contratación individual a prueba (misma que puede extenderse por un tiempo determinado al final del cual el trabajador puede ser despedido sin generar derechos de ninguna clase), pago de jornada por hora a precios ridículos y anulación de prestaciones sociales varias (entre ellas, derecho a servicios médicos). Todo ello, en aras –suponen- de la “competitividad”. ¿Competir a qué y con quién? Competir a ver qué país genera más pobreza y el rival a vencer -en el área- sería Haití, mientras que los señores del dinero se ahorran millonadas. Se pretende importar modelos de desarrollo con los que se levantaron naciones que hoy día son imperios; parecería correcto, sin embargo, se intenta hacerlo a destiempo (siglos después) y sin considerar que México, ¡desde la Colonia!, arrastra a una gran parte de su población que repta entre la ignorancia, la miseria, la enfermedad y la muerte en vida, lo que no ocurrió con el “modelito” a seguir –el gringo- porque los inmigrantes que forjaron esa nación anglosajona simplemente exterminaron a los dueños originales de esas tierras (pobres y poco desarrollados) y le arrebataron a nuestra nación territorios prósperos cuya densidad de población era baja y donde no hubo grandes culturas indígenas derrotadas que alimentaran el ejército de la miseria.
Tercos, obcecados, los promotores de las reformas que creen encontrar en un modelo que fue creado en un país nacido hace más de dos siglos y bautizado ya en la pila del librecambismo y arropado con las relaciones de producción capitalistas que le legó su padrino –Inglaterra- una senda para el progreso, cuando que México arribó a tal modo de producción tardíamente y por otra senda muy distinta –la economía dirigida desde el Estado- que le permitió, medianamente, su autodeterminación, alcanzar tazas de crecimiento del 6% y una buena cobertura de bienestar social, derivada de conquistas laborales que, hoy, la iniciativa de reforma pretende derogar. ¿No es eso caminar, correr, hacia el pasado? Y, peor, ajeno.
De forma tan marrullera como pretendía ser aprobada, hoy se encuentra detenida en prevención de que constituya un elemento adverso para las aspiraciones del PRI de retener el poder en el Estado de México al renovarse, en este año, la gubernatura de esa provincia o departamento (como se nombra en otros lares) y para no crearse obstáculos para el año 2012, año en el cual dicho partido político pretende llevar a la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, benjamín de la familia que ha gobernado durante 40 años –y se ha enriquecido con ello- el Estado de México. El proyecto de reforma de ley fue diseñado, inicialmente, en el seno del PAN; específicamente por el secretario –ministro- del trabajo Javier Lozano, quien –por cierto- se ha autonombrado como el mejor hombre de su partido para ocupar la presidencia el próximo año (desde el triunfo de Vicente Fox y con el relevo calderoniano, cualquier bravucón ignorante se cree que tiene los tamaños para ser presidente). El proyecto, modificado; fue retomado por el PRI; pero, como arriba se dijo, se encuentra detenido –supuestamente- por desacuerdos con el sector obrero del partido; (aunque el movimiento obrero se encuentra controlado por las cúpulas empresariales insertas en los dos partidos –PRI y PAN- y en el mismo seno del gobierno) Mientras, este primero de mayo, en el mundo miles de manifestaciones alzaron su voz en demanda de mejoras salariales. A los economistas gubernamentales no les pasa por las mientes que con sus medidas de restricción salarial y, en sí, del trabajo, aunque creciera la producción bajo un régimen de sobreexplotación de la fuerza de trabajo –lo cual es sólo hipotético- se desalienta el mercado interno. ¿A qué le apuestan? Adelante lo diremos.
REFORMA POLÍTICA.
Dos instituciones vetustas nos legaron a los mexicanos, por doble vía, la idea de la concentración del poder político en unas manos, las de un solo hombre. Por el lado indígena, la figura del huey tlatoani; por el español, la del emperador en cuyos dominios no se ponía nunca el Sol. La primera pugna después de la consumación de la independencia se sostuvo entre imperialistas y republicanos. El triunfo de estos últimos sobre los iturbidistas no obstó para que a través de la historia se sepultara la “tradición” de que hubiera “hombres fuertes” que retuvieran el poder político. Durante el siglo XX, se llevaron a cabo vacilantes e insuficientes reformas para acotar el Poder Ejecutivo y equilibrarlo al Legislativo (y, pretendidamente, al judicial) para acabar con lo que ha dado en llamarse “presidencialismo” o “régimen presidencialista”. Con el ascenso de la izquierda y toma de posiciones en las cámaras, a partir de los años 90, el poder omnímodo del presidente se vio disminuido; sin embargo, no como debiera ser en un régimen de tres poderes.
Lo que pretende la referida reforma –también detenida, por el momento, en tanto pasa el proceso electoral en el Estado de México, como mencionamos- es, en resumen, volver la cara hacia el pasado: dotar al presidente de poderes por encima del Legislativo. Echar la Historia atrás.
REFORMA DE SEGURIDAD NACIONAL.
Con el pretexto de insistir en la fallida lucha con el narco, esta propuesta pretende legalizar la presencia en las calles del ejército y la marina para –supuestamente- garantizar la paz social. Sólo que deja entrever que para sus promotores priístas y el actual gobierno panista (y, desde luego, para los Estados Unidos) los movimientos sociales, inconformes o adversos al statu quo, podrían ser considerados instigadores de la violencia, potenciales enemigos del sistema.
[N.B.: Innumerables veces hemos escrito que el principal instigador de la violencia es el hambre, y el segundo, la pobreza; ninguno de los dos está en las prioridades gubernamentales de Calderón y su séquito de economistas made in Chicago, el ITAM y el Banco de México].
En la coyuntura de la 2ª Guerra Mundial, y para combatir una posible infiltración fascista en México, en el Código Penal de la Federación se tipificó un delito llamado “disolución social”. Al final de la conflagración al gobierno en turno y a los subsecuentes se les “olvidó” derogar los artículos 145 y 145 bis consignados en el Código, situación que derivó en que –no existiendo ya la amenaza de infiltración fascista- fuera el aval para aplastar violentamente cualquier tipo de movilización social; sobre todo, para mantener a raya inconformidades laborales, estudiantiles y, desde luego, al Partido Comunista, a pesar de que este fue el más innocuo de los PC’s en Latinoamérica. Por tanto, no es difícil atribuir al Washington macartista de post guerra y a la paranoia desatada por la Revolución Cubana la presión sobre el gobierno de México para que se omitiera derogar una ley de emergencia coyuntural una vez que ésta cesó al ser derrotadas las potencias del Eje Berlín, Roma, Tokio.
Bajo el imperio de esta ley ominosa se encarceló –en los años 1958 y 1959- a líderes magisteriales y obreros; a los campesinos simplemente se les asesinó; y en 1968 la ley se ocupó de los estudiantiles. Una de las consignas lanzadas durante el Movimiento Estudiantil del 68, inserta en el pliego petitorio presentado al gobierno era la libertad de los presos políticos –que lo eran en función de esa ley- y la derogación de la misma. El conflicto culminó con la masacre de la Plaza de Tlatelolco; pero el gran triunfo póstumo, digamos, del movimiento fue la desaparición en el Código Civil de los artículos citados. No es poco: se quitó al Estado la facultad de reprimir al pueblo amparado en la ley.
No es lo mismo –desde un punto de vista teórico- que un Estado ejerza la fuerza sobre el pueblo o un sector de la sociedad amparado en las leyes -porque ello medianamente lo justifica, ahí adquiere validez la Razón de Estado- que el Estado que lo hace sin el amparo de las leyes; éste simplemente carece de solvencia moral, legal y política; no halla de dónde asirse para sostenerse más que de los militares.
Es por ello que la dictadura –dije bien- calderoniana y la que, pretende, le sucederá (Peña Nieto o, en extremo, él mismo, si obtiene la venia de Salinas de Gortari y los EU’s), busca un aval; una reforma que justifique el detener al costo que sea la oposición política y social que pudiera, potencialmente, alcanzar la Presidencia de la República en el 2012. Con tan poca imaginación como la que le caracteriza, busca en el pasado; ahí se siente a gusto; no sabe más. Dar soporte a una “democracia” muy a lo clásico (igualdad para una clase privilegiada y someter a las mayorías a la esclavitud -como en la vieja Grecia- a punta de garrotazos).
LA VISITA AL VATICANO.
Mientras que en Francia, en 1789, se derrotaba a los viejos poderes (la monarquía, los terratenientes, el clero), en México, en 1821, estas instancias se elevaban como vencedoras (aunque el imperio iturbidista fue fugaz). No fue sino hasta el periodo de la Reforma y la promulgación de la Constitución de 1857 que se limitó el poder clerical, se le confiscaron tierras y se instauró un Estado laico. Maximiliano de Habsburgo, a desdoro del clero mexicano y de los conservadores, confirmó las Leyes de Reforma, mediante las cuales el Estado juarista expropió a la clerecía. Después de la dictadura de poco más d 30 años ejercida por Porfirio Díaz, la revolución triunfante en su mandamiento federal vuelve a proclamar el Estado laico. Pocos años después se suscitó una guerra entre el clero y el gobierno a la que se denominó “Guerra Cristera” atizada por la jerarquía ensotanada y entre cuyas secuelas se encuentra el asesinato del presidente electo (para un segundo periodo) Álvaro Obregón a manos de la hueste católica. Otra secuela es que un sector de estos grupos católicos alimentó una de las corrientes más conservadoras y fanáticas recalcitrantes del actual partido en el gobierno –el PAN, al que pertenece Felipe Calderón- que hoy se conoce como El Yunque.
Pues bien, el hoy beato Juan Pablo II era un hombre que no ignoraba la historia de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado en México. Así que una de sus tareas, aparte de incidir ideológicamente en la lucha contra el comunismo en Europa, era dar fuerza al clero mexicano frente a un Estado laico con el cual no se tenían relaciones diplomáticas. Por ello México se encuentra entre los países más visitados por el fenecido papa: 5 visitas: para abrir brecha.
En la Constitución mexicana prevalece –de jure- la separación entre Iglesia y Estado; pero –de facto- el purpurato mexicano se inmiscuye en política y entra en polémica con representantes gubernamentales de la capital del país –desde hace algunos años dirigida por la izquierda-, lo cual no les está permitido por la legislación mexicana.
Así que Calderón, con su visita al Estado Vaticano, parece continuar la labor interrumpida del hoy canonizado Juan Pablo II: echar abajo el Estado laico y sustituirlo por uno confesional. Sepultar la Reforma y la Constitución de 1917. Ir para atrás en la historia. Parecería anecdótico, pero no lo es: su cercanía con uno de los representantes del Yunque más notorios –Luis Felipe Bravo Mena, quien hasta hace poco fue su secretario particular, embajador de su administración en el Vaticano y personaje central del PAN- lo confirma.
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
El nuevo bloque se inscribe en la línea del libre mercado cuando el neoliberalismo va de picada (recordar que el gobierno de Obama ha tenido que intervenir bancos como el Citibank para salvarlo de la debacle, lo que ha provocado el disgusto de los sectores ultraconservadores, mismos que le han endilgado al mandatario norteamericano el epíteto de “socializante”). También, la novel alianza se manifiesta como impulsora de la propiedad privada –prioritariamente, de la de los señores capitalistas extranjeros- puesto que las principales entidades económicas mexicanas que pertenecían al Estado (banca, telecomunicaciones, minas, ingenios azucareros y –hoy, a pesar de que las leyes lo prohíben- el petróleo y la electricidad se han ido entregando al capital privado subrepticiamente mediante legislaciones que contravienen la Carta Magna. Dependencia, y –más aún- obediencia y sojuzgamiento al poderoso imperio del norte; tal como antaño respecto a España y, posteriormente, a Francia. El amo del norte instruye oponer la Alianza del Pacífico (una caricatura de la OTAN, sólo en nomenclatura, porque no es alianza militar, para ello están disponibles las del patrón) al Mercosur para congraciarse con la divinidad oscura de Hillary, Obama y los poderes económico militares a quienes estos últimos deben sus cargos.
Correr en busca del ayer es el sino de las clases pudientes mexicanas. No deja de ser sintomático que la televisora más poderosa del país haya desarrollado superproducciones para transmitir tanto la beatificación de Juan Pablo II como la “boda del siglo” entre un principito inglés y una plebeya; contagiar al pueblo mexicano su estúpida devoción por dos instituciones decadentes ya en franca obsolescencia: la monarquía y la iglesia católica.
En México, peyorativamente, se les llama “gatos” a los sirvientes. “Gatos” criollos deseosos de adquirir prestigio -¿pedigrí?- a base de ronronear a los pies del amo.
En los primeros párrafos indicamos que diríamos cuál es la apuesta de estos “gatos” afincados en el pasado: ponen todo su capital político y económico a convertir la sociedad mexicana a una similar a la colonial: una selecta elite, que retenga privilegios económicos y lujos, que sólo obedece a un soberano extranjero y a la santa iglesia, aunque la mayoría de la población repte en la miseria, a la que enfrentarán haciendo gala de su santa misericordia de buenos limosneros –para aliviar su conciencia- y así alcanzar el camino hacia la Gloria.
posted by Gabriel Castillo-Herrera @ 11:35 AM
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