Gabriel Castillo-Herrera

¿ESTÁ LELO, O, LA RIEGA?
Por: Gabriel Castillo-Herrera.
El caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, implicada en una serie de secuestros por los que se le condenó a una sentencia de 60 años de prisión, ha dado un vuelco inverosímil.
Sucede que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio cauce a un recurso de inconformidad presentado por el defensor de la inculpada basándose en “fallas de procedimiento” en su detención. Se aduce que se violaron sus derechos humanos y la figura legal de presunción de inocencia a que tiene cualquier sospechoso de cometer un delito hasta que se demuestre lo contrario. Hasta ahí, todo pareciera correcto; sin embargo, el asunto por el que ha cobrado notoriedad es por la posibilidad –anunciada por el ministro- de que la procesada y condenada (cabe decir que por las propias instancias jurídicas –aunque a otro nivel- a las que pertenece Arturo Zaldívar) recupere su libertad.
Los juicios de amparo tienen la finalidad de que cualquier persona que se inconforme por abusos o errores de las autoridades judiciales puedan defenderse; y a eso se atiene el abogado defensor, quien –desde luego, es su chamba- se ha asido a esa prerrogativa para tratar de echar abajo la condena. Se aduce que fue montado un guiñol mediático para que las instancias policiales presumieran su efectividad, que se violaron los derechos humanos de los detenidos y –en el caso de Cassez- no se informara con prontitud por los cauces diplomáticos al país de origen de Florence.
Todo esto parece correcto. Pero, en todo caso, atendiendo a la lógica del caso en su conjunto, ello no discrimina el asunto central: la participación de la francesa en un hecho delictivo de alto impacto en nuestro país como es el secuestro y que tal circunstancia la hizo acreedora a una pena carcelaria. ¿Dejarla en libertad? ¡Es un absurdo!, y sentaría un precedente que repercutiría en la percepción ya generalizada –y que en cientos de casos no resulta ser sólo una “percepción” sino la realidad- de que en México la impunidad ha sentado sus reales.
¿Se castigó a los responsables de las muertes de los mineros de Pasta de Conchos? No.
¿Se castigó a los responsables de las muertes de los infantes de la Guardería ABC? No.
¿Se castigó a los militares que violaron a mujeres indígenas? No.
¿Y a los que han asesinado a inocentes en los retenes militares? No.
¿Y a quienes han acabado con la vida de activistas sociales? No.
Tal que el caso debe tomarse no como uno, sino dos: el delito cometido por la Cassez y compinches –cuya forma de resarcir (desde el punto de vista legal, tan sólo) el daño a sus víctimas es su permanencia en prisión- y otro, muy distinto, es lo reclamado por el abogado defensor y a lo que hado cauce el ministro Lelo de Larrea: las fallas en el procedimiento y el abuso de autoridad. Y de estos últimos se sabe bien quién es el responsable y, en su caso, culpable: el actual encargado de la seguridad pública federal y brazo derecho de Calderón en su “guerrita” perdida: García Luna.
Así que, ¿por proteger a García Luna se pierde de vista el daño físico y, sobre todo, psicológico que se infringió a las víctimas de los secuestros en que participó Cassez? La señora incurrió en un delito –y para ello estuvo el testimonio de los plagiados- bien tipificado y debe pagar por ello. El otro asunto, el de que hayan violado sus derechos –que nadie niega que los tenga y los reclame- no son para tratarse en la Suprema Corte de Justicia, sino en primeras instancias jurídicas y/o ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El ministro debe diferenciar ambas figuras legales: Una es la pena a un delincuente y otra que se hayan violado sus derechos. El delito ocurrió y como cualquiera que infringe la ley -al menos en teoría- tiene que purgar una condena; por otro lado, como cualquiera que ve pisoteados sus derechos –también, al menos en teoría- (y liberar a Cassez sería pisotear los derechos de las víctimas) tiene la prerrogativa de reclamarlos y que se castigue al responsable –insisto, en el caso- Genaro García Luna.
Señor ministro Zaldívar Lelo de Larrea, no permita que la ciudadanía se pregunte: “¿está lelo, o, la riega?”